Los mexicanos seremos encuestados en próximas fechas para cumplir con el censo poblacional que se realiza cada diez años.
Recientemente los funcionarios del INEGI han anunciado que tomarán precauciones para mantener a salvo a los entrevistadores quienes serán los que estarán realizando el trabajo de campo, debido a la situación de violencia que vivimos actualmente en el país, los entrevistadores no tocaran la puerta en casas sospechosas que puedan parecer casas de seguridad, es decir, casas en las que puedan tener personas secuestradas, ya que esta situación pone en peligro la vida de los mismos trabajadores del INEGI.
Si tomamos en cuenta que la mayoría de los encuestadores del censo, son jóvenes de entre 18 y 22 años, surgen una miríada de interrogantes: ¿Qué criterio utilizarán los entrevistadores para discernir entre una casa “normal” y una casa de seguridad? ¿No es el objetivo de los secuestradores hacer que las casas de seguridad aparenten ser casas comunes y corrientes para no ser descubiertos? ¿Acaso el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática tiene información detallada en sus bases de datos en relación a las casas de seguridad que existen en el país, para así dar un listado a sus trabajadores de campo? Si tanto el INEGI como la Secretaría de Seguridad Pública Federal son entidades de gobierno, ¿por qué no pueden compartir ésta información para que las autoridades “competentes” cateen las casas sospechosas, liberen a las personas secuestradas y arresten a los secuestradores? ¿Cómo es posible que el INEGI tenga mejor información policiaca que la SSPF? ¿A caso el gobierno federal es incompetente para brindar seguridad a los ciudadanos? ¿A caso el gobierno federal protege a la delincuencia organizada?
martes, 1 de junio de 2010
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